Luz Patricia Mejía: “El desafío es abordar el uso de las mujeres como objeto en los Medios”

Radio Tierra_ 

Luz Patricia Mejía fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y actualmente se desempeña como Coordinadora del área de violencia contra las mujeres de la Organización Interamericana de Mujeres (CIM).De visita en Chile, dio una entrevista a Radio Tierra, en la que destacó que los números indican que la mayor judicialización de casos no ha sido suficiente para disminuir las tasas de violencia.

Mejía es abogada de la Universidad Central de Venezuela, y durante esta semana participará de un taller en la Universidad de Chile sobre “Derechos Humanos de las Mujeres y el SIDH” (Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

Ciudadanía de las mujeres
-Existe un instrumento jurídico conocido como “Convención de Belem do Pará” que busca principalmente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En su opinión, ¿se ha avanzado en comprender que la lucha contra la violencia a las mujeres tiene que ver con la participación y ciudadanía de las mujeres en la sociedad, o se sigue aún en el seguimiento policial del hecho concreto de violencia?
- Es evidente que ha habido indudables progresos en toda la Región. Desde leyes que antes sancionaban la violencia intrafamiliar hasta leyes que sancionan la violencia contra la mujer en el ámbito público y privado, a políticas públicas direccionadas en el sentido de lograr erradicar la violencia contra la mujer y las niñas. La región americana es la región con mayor cantidad de instrumentos de protección para las mujeres y con mayor cantidad de políticas públicas.

El número de mujeres víctimas de violencia en la Región sigue siendo muy alto, el número de femicidios sigue siendo altísimo, y evidentemente ese es un paso que tenemos que seguir transitando.

Tenemos que seguir desarrollando nuevas estrategias, que van desde la estrategia educativa real, la transformación cultural y de los estereotipos, para que las mujeres y las niñas crezcamos en un mundo donde la participación y la ciudadanía plena sea efectivamente cotidiana y real.

La Región tiene en términos representativos muchísimas mujeres en situaciones de poder: presidentas, primeras ministras, ministras, mujeres en los poderes judiciales, mujeres en los poderes legislativos, nunca tanto como ahora hay una representación de las mujeres… sin embargo, cuando transversalizamos esa representación en términos de políticas públicas desde las necesidades de las mujeres, todavía tenemos desafíos que abordar muy importantes. Pero es evidente que “Belem do Pará” fue y ha sido una herramienta para las mujeres muy rica, muy grande y muy fuerte, que tenemos que seguir explotando.

El rol de los medios y la regulación de Estado
-Hace pocos días se conoció el caso de tres mujeres que permanecieron secuestradas durante 10 años por un hombre en Estados Unidos. El hecho ha conmocionado a la sociedad norteamericana, pero también en tiempos de globalización impacta en todo el mundo y en Chile. Pareciera que en la medida que en las sociedades latinoamericanas hay más mujeres profesionales e insertas en el mundo laboral, estos hechos causan horror porque se comprende mejor lo que significa la violencia contra las mujeres, lo que significa vivir con miedo y encerradas durante 10 años…
- En este mundo globalizado, de la información y de las redes sociales, yo creo que hay dos noticias que han impactado mucho: la noticia de la joven violada en el transporte público en la India, y luego estas tres jóvenes que durante diez años estuvieron secuestradas. Yo creo que eso pone de manifiesto que todavía vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres seguimos siendo moneda de cambio, seguimos siendo objetos de este sistema y no sujetas de derecho. Pero lo que pasa hoy en día es que el mundo ve con horror estas noticias, hace veinte años no se entendía que esa violencia fuera noticia porque eran ‘cosas que pasaban’… pero no eran noticia.
Los Estados nos están reportando que si bien hoy en día hay mayor juzgamiento por violencia contra las mujeres y las niñas, eso no ha tenido un impacto en la incidencia en bajar la violencia contra las mujeres y las niñas. Que quiero decir: que la aplicación de la ley y el juzgamiento del hecho no han sido suficientemente ejemplarizantes para que hoy en día las tasas de violencia hayan disminuido. El gran desafío que tenemos es en la prevención y luego la erradicación de la violencia.
Hay temas que no hemos abordado, por ejemplo: los medios de comunicación y el uso de las mujeres como símbolo objetual. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en la Región es el mal uso que tienen los medios masivos de las mujeres como moneda de cambio. Cuando decimos que la violencia es un hecho aprendido es verdad… hay una cadena de violencia en que los hijos que viven en una familia violenta tienden a reproducir la violencia… pero también se ha demostrado que muchas familias reproducen violencia no porque la hayan aprendido del lecho materno o de la familia nuclear, sino porque hay un sistema que facilita, favorece, anima y alienta la violencia como herramienta. Estamos hablando de la reproducción de la violencia por el sistema patriarcal, y es allí donde el Estado tiene que intervenir, y tiene frente a los medios una obligación de regular. Pero todavía no se está trabajando porque hay una tensión entre el derecho de los medios a la libertad de expresión y el derecho de los Estados a regular. Es un tema complejo que se tiene que trabajar porque sino esa tensión no se aborda.

Mujeres “públicas”…
-Hace unas semanas, a pocas cuadras de este lugar, Jenny Ramos, una ciudadana colombiana migrante, que ejercía el trabajo sexual en Chile murió al caer desde el balcón de un edificio mientras estaba con un cliente. Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres criticaron la rapidez con que la fiscalía calificó el hecho como accidental… el caso pone sobre la mesa temas complejos: migración, trata de personas, trabajo sexual. En su opinión, ¿los funcionarios de la justicia que trabajan en el continente están capacitados para responder con una mirada de género a estos fenómenos que son complejos?
- Cuando nosotros trasladamos la educación estereotipada a los adultos, tenemos adultos en los sistemas de administración de justicia convencidos de que las mujeres son objetos del sistema y no sujetas de derecho. Cuando nosotros analizamos las muertes violentas de mujeres que tuvo Ciudad Juárez, lo que se pone de manifiesto es que en las investigaciones judiciales se trata de demostrar el comportamiento femenino, no el comportamiento del agresor. Trataban siempre de identificar que esas jóvenes habían desaparecido porque esas mujeres se habían ido con uno varios hombres, porque tenían un “mal comportamiento”… porque “se vestían inadecuadamente”… poniendo la responsabilidad sobre lo que estaba ocurriendo no en la violencia del sistema, sino en un hecho vinculado con el comportamiento poco adecuado de ciertas y determinadas mujeres. Cuando analizamos cómo se construyó en los sistemas legales el tratamiento de la violencia hacia las trabajadoras sexuales, podemos ver que en la mayoría los países de la Región existían penas eximente de responsabilidad penal cuando la víctima era prostituta. En muchos casos la violación contra las trabajadoras sexuales no era delito o la pena estaba atenuada. Si revisamos la mayoría de los códigos penales que existen en la Región nos daremos cuenta que los delitos de violencia sexual no son delitos contra las mujeres, sino que “contra el honor y la reputación de las familias”. Con lo cual si una mujer no era miembro de una familia, no era lo que se quería cuidar.

Aborto y violencia
-Una pregunta que tiene que ver con Chile. A su juicio la prohibición legal de toda forma de interrupción del embarazo o de aborto, ¿se puede considerar una forma de violencia contra las mujeres?
- El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Violencia (MESECVI) en lo que tiene que ver con aborto terapéutico ha tenido un doctrina muy clara, respecto a la necesidad de garantizarlo no sólo en caso de violación, sino también medidas claras para evitar el embarazo en casos de violencia sexual. Nosotras hemos venido reiterando la necesidad de que este sea un estándar interamericano, estándar que con un caso que acaba de resolver la Corte IDH, analiza que el artículo 4 sobre el derecho a la vida establecido en la Convención no significa que los Estados están en la obligación de prohibir el aborto como ha sido interpretado en múltiples ocasiones antes de esta decisión (…) yo creo que le corresponde a los movimientos de mujeres asumir protagónicamente la lucha a o interno, porque como en todas las sociedades los temas legislativos pasan por cómo la sociedad responde y se activa frente ciertos fenómenos.

Sistema Interamericano de DD HH
-Para concluir, en marzo pasado la Asamblea General de la OEA terminó una discusión que duró varios meses y que buscaba reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al final prevaleció la idea de que había que “nivelar hacia arriba” sin afectar el funcionamiento de las relatorías y de la Comisión . En su opinión, ¿qué aspectos reales del sistema habría que fortalecer?
- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue un sistema que en su momento visibilizó situaciones que no se veían en la Región, y que dieron paso a la interpretación del derecho desde una perspectiva muy avanzada, muy progresista. Creo que a lo largo de 50 años el sistema ha tenido muchas idas y venidas. Es un aún sistema frágil en lo que tiene que ver con la independencia real, es dependiente en términos de recursos económicos, es frágil a las presiones de determinados intereses, pero eso no significa que el sistema para muchas personas no sea un elemento fundamental. Todavía requiere generar los mecanismos internos que permitan que realmente sea fuerte, imparcial, universal en el acceso, lamentablemente la CIDH y la Corte siguen teniendo límites para que todo el mundo pueda acceder, porque no todo el que tiene un caso real llega porque no tiene los recursos o porque es lento… hay muchas elementos que se podrían mejorar, pero sin lugar a dudas el Sistema ha sido en estos 50 años un estandarte de análisis y progresos en Derechos Humanos, y ha dado pie para que grandes e importantes decisiones en las vidas de las mujeres pongan en acción el trabajo de los movimientos femeninos, y eso es algo indiscutible.-

Colectivo Mujeres Desnudando. La realidad de las mujeres en Aysén, Coyhaique“Construyendo un Nuevo Tiempo para las Mujeres”

Una Mirada  desde el Activismofrente a la VIF

La Violencia Intra Familiar en la región de Aysén se da en un contexto cultural Patagón-Gaucho basado en el predominio de la masculinidad construida en solitario. La historia nos habla de que la región de Aysén fue poblada y construida por “hombres solos”. (Además la región a presentado históricamente, un índice de masculinidad mayor que el de otras regiones, es decir, hay mas hombres que mujeres).

Esto es interesante, toda vez que prácticamente no existe un sentido de comunidad, de proyectos conjuntos etc. Acá se valora al individuo, sus capacidades de enfrentar la adversidad, el frio extremo, el aislamiento etc. yesta conducta en solitario sin pedir ayuda.

A partir de mediados de enero del 2012 se gesta el “Movimiento Social Aysén tu Problema es mi Problema”, siendo febrero y marzo meses álgidos donde los/as patagones/as exigían demandas a un gobierno que no había cumplido conlas necesidades de aiseninos/as  (Combustible, educación, salud etc.). Es por eso que fue una sorpresa lo que ocurrió con el movimiento, porque genero sinergia, asociaciones, y colaboración nunca antes vivida en una sociedad individualista como esta. En este contexto social es que el problema de VIF se aborda  desde la afectada con suerte desde la pareja. Esta visualización de la VIF como una problemática personal y no social hace que la gente no se interese por el tema, de hecho ninguna de las demandas del Movimiento Social tuvieron que ver con la seguridad de mujeres y niñas, aun cuando la región tiene los índices más alto anivel país de abuso sexual (Otro flagelo en esta región). Creemos que hay mucho camino que recorrer en materia de sensibilización y fundamentalmente, debemos romper con el paradigma del individualismo que esta tan arraigado en nuestra cultura patagona y avanzar hacia una mirada colectiva que nos permita construir una sociedad involucrada.

  Con esta mirada tenemos además que Aysén es una región cuya característica territorial es geográficamente  dispersa lo que genera un aislamiento de los pueblos,  es así como en los sectores  donde han ocurrido femicidios en los últimos años, nos percatamos de la nula respuesta de las comunidades sobre este tema, hemos sido testigos en conversatorios (encuentros) que la violencia  domestica y de género no se ve como una falta ni delito, sino que corresponde  a conductas normalizadas y  validadas en lo  mas intimo de las relaciones y se mantienen ahí,  con eso las victimas son invisibilizadas y en  caso que la comunidad este al tanto de que sucede, no hay una respuesta que preste ayuda a las victimas, a modo de ejemplo mujeres que denuncian VIF en la comisaría  se les indica que vuelva a la casa" ya se le pasara al marido", estas situaciones pasan generalmente en comunidades pequeñas donde toda la población se conoce.  En estas condiciones  es muy difícil abordar la violencia, pero también somos testigos de que si este tema se habla en un espacio donde las mujeres estén enconfianza y una les entregue la información de cuando soy victima, las mujeres dan cuenta de que si existe la violencia y que el machismo exacerbado en estas comunidades es lo que  hace que no se vea como tal.

Machismo que se manifiesta también institucionalmente al no agilizar búsqueda de desparecidas, como es el caso de María Enedina Vargas Álvarez con 8 meses de embarazo se encuentra desaparecida desde fines de febrero, esto ocurrió en Puerto Aysén hasta hoy las diligencias institucionales no tienen resultados de que paso con nuestra compañera. 

En julio del 2012 Puerto Aysén matan en su casa a Carmen Montiel Rebhein, homicidio que aun no ha sido esclarecido

Machismo que se observa a la nula sensibilidad de la comunidad con la violencia que sufren mujeres y niñas en Aysén, cuando tenemosmujeres victima de violencia con resultado fatal, mueren degolladas,acuchilladas etc., como es el caso de Carolina Chiguay Legue, 25 años, según el relato de su madre su hija había sido raptada por el agresor logra escapar y el victimario la mata a unas cuadras de su casa, lo mas terrible es que nuestra compañera pidió auxilio y nadie la socorrió, la gente tiene normalizada que no se hacen parte porque es un “problema de pareja”, había denuncia a carabineros a las cuales hicimos seguimiento, ya que en el momento del juicio no aparecen estas denuncias. Emplazamos al SERNAM y la directora no da respuesta contundente al respecto, todo es desde lo técnico (juicio) y en absoluto resguardo de toda la información que manejan.

Caso Chile Chico, en febrero muere a manos de su pareja Paula Muñoz Márquez de 26 años, el sujeto la acorrala ella pide auxilio y nadie es capaz de intervenir finalmente las consecuencias para nuestra compañera son fatales. Consideremos además que en todos los casos hay hijos menores que quedan en total desamparo (otro tipo de violencia).

En Coyhaique el fin de semana pasado un agresor estuvo horas, sí dije horas tirando piedras en la casa de acogida para victimas de violencia, rompióla reja de protección, grito hasta que se canso y se fue, carabineros había sido alertado por una vecina y apareció después que el sujeto ya no estaba,  llama la atención saber que la comunidad nose hizo parte del problema social y la tardanza de carabineros para llegar al lugar de los hechos.

Aquí nos queremos detener para preguntarnos que hace que la Violencia IntraFamiliar se vea normalizada, insensibilizada de nula empatía con victimas departe de la sociedad.

Acaso nuestras campañas son dirigidas solo a mujeres y mujeres además sensibilizadas con la problemática?

No hemos a bordado de manera ampliada la Violencia en contra de lasmujeres y niñas con toda la sociedad?

Que tenemos que hacer para involucrar a una sociedad ciega, sorda ymuda frente  a este flagelo?

Somos nosotras y solo nosotras embarcadas en este activismo de losderechos humanos de las mujeres?

Hay que educar desde la primera infancia?

Que  pasa con la información, concientización, sensibilización, educación entre pares ¿esta mal enfocada, queen temas de tal importancia como es la vida primer derecho humano fundamentalen las personas,  no se ve involucrada ala sociedad?

Desde la institucionalidad que hay que hacer para que finalmenteapliquen bien la Protección a  Victimasde Violencia Domestica y Sexual.

Faltan leyes y que leyes o nuevamente modificar la ley?

Propuestas frente a la VIF 2013

Campaña comunicacional, crear redes mas estable dentro denuestra región

Formación de grupos de auto ayuda, involucrando a la comunidad engeneral

Instalar redes en Chile Chico yCerro Castillo, entrevista con familiares de Paula.

Acción urbana Coyhaique, entregainformación.

Propiciar la participación demujeres en la marcha del 25 de noviembre, “DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIACONTRA LAS MUJERES”

Demanda ONU protección de derechos sexuales de las migrantes

Por: Anaiz Zamora Márquez

Cimacnoticias | México, DF.- 29/04/2013

Los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes fueron reconocidos dentro de los acuerdos del 46 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (CPD46).

En la resolución final de la CPD46 –cuyas sesiones se celebraron del 22 al 26 de abril en la sede de la ONU en Nueva York–, se incluye el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, quienes según estimaciones, representan el 50 por ciento de la población migrante a nivel global.

Para este año el eje temático de las reuniones fue “Nuevas tendencias de la migración: aspectos demográficos”, por lo que en los resolutivos se hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU a reconocer la importancia de la migración para el desarrollo de los países.

Dentro de las resoluciones finales se llama a que las naciones reconozcan su responsabilidad en promover y proteger los DH, así como las libertades fundamentales de todas y todos los migrantes, “especialmente los de las mujeres y las niñas”.

El documento final –actualmente sólo disponible en inglés– urge a los gobernantes a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y programas llevados a cabo en el ámbito de la migración.

Lo anterior debido a que existen efectos positivos de la migración al empoderar a las mujeres, así como la importancia de sus contribuciones al desarrollo económico, social y humano de sus países de origen y los de destino.

La CPD46 exhortó a los países a emprender acciones para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y a eliminar la coerción, discriminación, tráfico de personas, explotación y abuso sexual que padece en mayor medida la población femenina migrante.

Del mismo modo, convocó a los países a proveer de manera integral servicios de salud “que sean particularmente sensibles a las necesidades individuales de mujeres y adolescentes”, y en los cuales su condición de migrante no impida el acceso a ellos.

Llamó a que estos servicios respondan a su situación de “menor empoderamiento social” y se brinde particular atención a las víctimas de violencia sexual.

Uno de los puntos de la resolución define que se debe garantizar el acceso a servicios de prevención y tratamiento de VIH/Sida, y que se implementen medidas para prevenir la violencia sexual y facilitar la anticoncepción de emergencia, así como acceso al aborto seguro en los países donde esté permitido por la ley.

De acuerdo con la CPD46, mientras no se creen oportunidades para la independencia económica y empoderamiento de las migrantes, pueden incrementarse los riesgos que las lleven a la explotación y vulnerabilidad de sufrir violaciones y abusos en su contra.

La Comisión de Población y Desarrollo depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y da  seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994.

13/AZM/RMB

Prevención: el compromiso contra la violencia de género que debería tomar el próximo gobierno

La violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana.

Por Colectivo Jóvenes por la Igualdad de Género.

Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad

Nuestro Colectivo inicia su actividad ciudadana en el año 2010. En aquel entonces, un año sin elecciones, en el cual poco se escuchaba la voz de jóvenes y adolescentes, dimos inicio a nuestro trabajo en temáticas de violencia contra las mujeres y en el pololeo (o todas las relaciones no consideradas por la Ley de Violencia Intrafamiliar, VIF). Nuestro estandarte era (y es) la Convención Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), instrumento que en nuestro país fue ratificado en el año 1994 y con el cual, el Estado chileno mantiene una deuda pendiente.

Esta Convención, en su art. 3 señala que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado." Sin embargo, nuestra Ley VIF, promulgada con bombos y platillos en el año 2005, sólo protege a las mujeres en sus relaciones privadas y desde una perspectiva familio-centrista.

Según la VI Encuesta Nacional del INJUV, las y los jóvenes corresponden al 25% de la población, y además es la población más permeable a los cambios culturales destinados a superar las barreras de profundas inequidades entre mujeres y hombres heredadas de generaciones pasadas.

Sin embargo, la violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana. Ya que las leyes de Violencia Intrafamiliar y de Femicidio abordan la violencia en el mundo privado —cónyuges, convivientes o parejas con hijos en común—, ambas excluyen la violencia en relaciones amorosas "no estables" como el pololeo/noviazgo, "andantes" y "amigos con ventajas", dejando en la desprotección a las y los jóvenes que viven estas relaciones.

Por lo tanto, nuestras propuestas se enfocan principalmente en la atención a l@s jóvenes protagonistas de este problema, en el cual la prevención toma un rol fundamental.

Desde nuestra perspectiva, una política pública orientada a la prevención —un Plan Nacional Intersectorial de Prevención de la Violencia basada en el género—, debería incluir, como mínimo:

• Un Plan de Acción en Medios de Comunicación, el cual debe considerar campañas permanentes de bien público en alianza con organizaciones de la sociedad civil y agencias de publicidad; creación de un "Premio País" en publicidad no sexista; capacitar a periodistas y editores de medios; incorporar en guiones de teleseries el abordaje de la violencia en relaciones sentimentales en parejas jóvenes y el rol de l@s terceros y nuevos modelos de ser hombres y mujeres; incluir en el diseño de campañas nacionales a jóvenes de distintos sectores;

• Provisión de servicios, tanto para las jóvenes víctimas de violencia como para quienes la ejercen, pues l@s jóvenes no se sienten convocad@s por los lugares institucionalmente establecidos. Actualmente existen centros de atención y ayuda para mujeres víctimas de violencia, pero estos no están enfocados ni preparados para la atención y contención de las jóvenes que vivan situaciones de violencia en sus relaciones no formales; y

• Es de primordial importancia generar estudios y registros estadísticos que aborden este problema, para con esos datos generar políticas públicas que aborden ésta problemática.

Por cierto, este "Plan mínimo" debiera ser una base para la realización de políticas de intervención más profundas, en el marco del reconocimiento legal de la violencia de género —pública o privada— como un atentado contra los derechos más básicos de las personas.

Estos derechos que como jóvenes buscamos reivindicar, forman parte del reconocimiento, garantía y protección de derechos individuales y colectivos que la sociedad civil ha salido a exigir y que quienes pretendan dirigir el país tendrían que considerar en sus programas de Gobierno.

La deuda del Estado de Chile con las Trabajadoras de Casa Particular

Ruth Olate

Las Trabajadoras de Casa Particular estamos expuestas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social, alto nivel de incumplimiento de las normas laborales y un menor reconocimiento legal de nuestros derechos laborales.

Por Ruth Olate, Presidenta de SINTRACAP

Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad

Con fecha 16 de junio del 2011, la Conferencia Internacional de Trabajo, reunida en Ginebra, adoptó el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, número 189, el que contó con el voto favorable del Estado de Chile.

En Diciembre del mismo año -con 48 votos a favor y 2 abstenciones- la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Acuerdo 473, que solicita al Presidente de la República iniciar el proceso de ratificación parlamentaria del Convenio 189 de la OIT. Hasta la fecha el Gobierno no ha iniciado este proceso. Tampoco ha informado si tiene problemas para cumplir con la obligación prevista en el artículo 19 de la Carta de Constitución de la OIT : "cada uno de los miembros se obliga someter el convenio, en el plazo de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o cuando las circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que den forma de la ley o adoptan otras medidas".

Nos preocupa el incumplimiento del Estado de Chile. Han transcurrido 22 meses desde que se comprometiera a ratificar este Convenio. Sin esta plataforma es muy difícil que el Gobierno de Chile se comprometa a avanzar en generar leyes y/o políticas que permitan mejorar nuestras condiciones laborales y de trato, como Trabajadoras de Casa Particular.

En Chile el 11,5% de las mujeres ocupadas, lo hace como Trabajadora de Casa Particular. Somos un total de 360.803 trabajadoras y trabajadores de casa particular (Fundación Sol, 2012)

Las Trabajadoras de Casa Particular estamos expuestas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social, alto nivel de incumplimiento de las normas laborales y un menor reconocimiento legal de nuestros derechos laborales.

De acuerdo a los datos de la Fundación Sol, un 27% de las Trabajadoras de Casa Particular que trabaja puertas afuera cuenta con empleo protegido, es decir, tiene al mismo tiempo un contrato indefinido, liquidación de sueldo, cotizaciones previsionales y de salud, y seguro de cesantía. En el caso de las Trabajadoras de Casa Particular puertas adentro, es de un 68,9%.

El Convenio 189 de la OIT obliga a los Estados que lo ratifican a respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Además, les exige garantizar una jornada de trabajo para los y las trabajadoras de casa particular, en igualdad de condiciones que las y los trabajadores en general, y descansos para vivir una vida digna y familiar.

Actualmente existe un proyecto de Ley en el Senado que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular. La elaboración del Proyecto contó con la participación de las Trabajadoras de Casa Particular organizadas, el acompañamiento del Observatorio de Género y Equidad y la mediación de la OIT. Este Proyecto está con urgencia simple y cuenta con la voluntad política de las y los senadores de la Comisión de Trabajo de ser discutido.

Las Trabajadoras de Casa Particular estamos demandando que el Proyecto recoja al menos tres puntos: Igualación de Jornada para todas las TCP (sean puertas adentro o puertas afuera) de manera inmediata y no progresiva. Especificación del tipo de funciones y lugar donde se desarrolle su trabajo quedando por escrito en el contrato, como también los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de los deberes laborales de las y los empleadores. Si bien existe la voluntad de 3 senadores/as de incorporar estos tres puntos, todos deben ser patrocinados por el ejecutivo que no tiene disposición a patrocinar nada.

En un año electoral, es fundamental el compromiso de la/os candidatos presidenciales. Ratificar el Convenio 189 de la OIT, se constituye en una promesa importante para nuestro sector, porque es fundamental mejorar nuestras condiciones laborales y de trato.

REPUDIO INTERNACIONAL A LA ANULACIÓN DEL JUICIO X GENOCIDIO EN GUATEMALA

PARA SUMAR ADHESIONES

Lea: Juicio Por Genocidio En Guatemala: Mujeres En Busca De La Verdad

Los abajo firmantes expresamos nuestro más profundo repudio a la medida de la jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, que dejó en el día de la fecha sin efecto las audiencias del juicio contra los genocidas Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

El juicio se inició el 19 de marzo pasado y los imputados fueron acusados por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983, por su responsabilidad en las matanzas de comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa región han sido documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. Las acusaciones están a cargo del Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Se realizaron hasta la fecha cerca de 20 audiencias en las que declararon decenas de sobrevivientes, familiares y peritos como testigos, denunciando las prácticas genocidas y violaciones a los derechos humanos que se implementaron en ese país y reprimieron al pueblo guatemalteco durante décadas.
La anulación de las audiencias significa un golpe más para quienes hace décadas claman por justicia pero sobre todo parece tirar sal en las heridas de aquellos que testimoniaron en este proceso y revivieron el horror pero no pudieron sentir ni un poquito de justicia.

Ese genocidio generó las bases de la actual impunidad y profundizó la explotación y el expolio que sufre ese pueblo hasta el día de hoy.
DECIMOS BASTA DE IMPUNIDAD!
EXIGIMOS JUSTICIA!
NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO GUATEMALTECO!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos

Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar

Exigimos una investigación exhaustiva y justicia para Jenny Ramos!

Santiago, 16 de abril de 2013.

DECLARACION PUBLICA

Exigimos una investigación exhaustiva y justicia para Jenny Ramos!

Lea lo que La MansaGuman opina del asunto

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres expresa profundo pesar por la muerte de Jenny Ramos, residente colombiana en Chile, y manifiesta serias dudas sobre las circunstancias en que cayó del octavo piso de un edificio en la comuna de Providencia. 

Una primera duda es ¿por qué arrancaba Jenny desde su propio departamento, pidiendo auxilio tras una discusión con un cliente, de acuerdo a la información de testigos?. Esta situación arroja una segunda duda ¿por qué arrancaba hacia el balcón y no hacia la puerta de su departamento cuando Roberto Zawadsky se encontraba, según su propia versión, escondido en el baño?.

Llama la atención que se le otorgue al cliente la categoría de testigo, en circunstancia que todos los antecedentes con que se cuenta son confusos y al menos dan para identificarlo como sospechoso.

La única persona que estaba con Jenny en el momento en que ella arrancaba, está libre y visto como una víctima asustada del descontrol de una prostituta. El cliente dijo que ella estaba descontrolada en cuanto él llegó al lugar, pero en vez de retirarse, entró al departamento de Jenny y luego se escondió en el baño. No ha existido investigación aún; no se han analizado las cámaras de seguridad; no se han interrogado a todos los testigos; no se ha informado el peritaje; no ha habido reconstitución de escena, pero ya tenemos a un Fiscal declarando públicamente que Jenny Ramos cayó sola. Todo Chile tiene dudas razonables sobre lo sucedido, ya que sin mediar una investigación seria y acabada, el fiscal emite su Juicio.

¿Quién es Roberto Zawadzky para gozar de tantas garantías y protección antes que se investiguen los hechos?

Mientras al cliente y sospechoso de su muerte se le encubre y protege, los medios destacan en sus titulares que Jenny Ramos era “prostituta” y “colombiana”, es decir, ¿ejercer trabajo sexual conlleva el riesgo laboral de perder la vida? y ¿ser inmigrante significa tener menos derechos y menor valor su vida?. 

La desigualdad en el trato de los medios y policías se vuelca contra la víctima con las estigmatizaciones que sobre ella recaen: ser mujer,  inmigrante y trabajadora sexual. Una vez más se reafirma que las instituciones refuerzan, con sus mensajes y procedimientos machistas y misóginos, la violencia contra las mujeres.  

Repudiamos como se ha tratado la muerte la Jenny Ramos, y exigimos una investigación exhaustiva, sin prejuicios machistas y xenofóbicos. Exigimos justicia para Jenny.

¡CUIDADO, EL MACHISMO MATA!

RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Juicio Por Genocidio En Guatemala: Mujeres En Busca De La Verdad

Mujeres indígenas ixiles escuchando los 
testimonios durante el juicio. Crédito 
foto: Prensa Libre.

Source: AWID

12/04/2013

AWID conversó con Maya Alvarado, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) sobre el histórico juicio contra Efraín Ríos Montt, ex-dictador de Guatemala, acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad. Este es el primer juicio por genocidio que se realiza en el país centroamericano.

Por Gabriela De Cicco

El 19 de marzo de 2013 comenzó en Guatemala el juicio contra el ex-presidente de Ríos Montt y el general (RE) Jose Mauricio Rodriguez Sanchez. Como presentó la fiscalía liderada por Claudia Paz y Paz, Ríos Montt es responsable de 15 masacres en la región Ixil en Quiché, al norte de Guatemala, donde murieron 1771 personas; más de 29.000 personas fueron desplazadas/os de sus pueblos durante su mandato y 1485 mujeres fueron violadas por soldados.

Desde 1960 hasta 1996 Guatemala vivió sumida en un conflicto armado interno que resultó en la muerte o desaparición de más de 200.000 personas, el 80% de ellas pertenecían a poblaciones indígenas mayas. Según las investigaciones realizadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), se estima que se concretaron 600 masacres, y que “aproximadamente una de cada cuatro víctimas directas de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia fueron mujeres. Murieron, fueron desaparecidas, torturadas y violadas sexualmente, a veces por sus ideales y su participación política y social; otras fueron víctimas de masacres y otras acciones indiscriminadas".(1) Las Conclusiones de la Comisión demostraron que el personal de seguridad del Estado y los paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones. La etapa más violenta del conflicto fue entre 1978 y 1983, bajo las dictaduras de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), período en que el 81% de las violaciones tuvieron lugar, y el 48% ocurrió en 1982.

AWID: ¿Cuál es la importancia del Juicio a Ríos Montt?

Maya Alvarado (MA): Es importante porque el juicio es por genocidio y delitos de lesa humanidad y porque entre los imputados está un ex jefe de Estado.  El sistema de justicia, al aceptar esa imputación, ayudó a poner en debate lo que de racista tiene la sociedad guatemalteca, que por muchos años se ha resistido a reconocer que los hechos ocurridos durante el conflicto armado constituyen genocidio. Y es un genocidio que tiene que ver con elracismo presente en la sociedad de Guatemala y con las construcciones ideológicas que realizó el Estado de la población indígena diciendo que, por naturaleza y por sus condiciones, era aliada indiscutible de la guerrilla. Ideológicamente el Estado construyó una figura devenida enemigo interno en el cual los pueblos indígenas eran la parte central.

Que hoy se estén juzgando todos estos hechos como genocidio hace retroceder a las dinámicas de olvido que instauró el Estado guatemalteco después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, tras 10 años de negociación entre la guerrilla y diferentes gobiernos. Se quiso hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso no es posible. Las poblaciones y sus víctimas están demandando que se conozca la verdad, que se conozca a los responsables y que se deduzcan las responsabilidades.

Lamentablemente la ciudadanía urbana ha estado bajo la influencia de los medios que han querido imponer la idea que si esto llegaba a juicio era reabrir heridas y nuevamente polarizar a la sociedad. Las organizaciones sociales, de mujeres, feministas y de derechos humanos, consideramos que esto no viene a polarizar sino que viene a rescatar una verdad que ha sido negada a las víctimas del conflicto armado en Guatemala, cuyas cifras son escalofriantes, más allá del caso que se está juzgando.

AWID: ¿Podrías hablarnos del caso Sepur Zarco, y cómo está relacionado con el caso de Ríos Montt y cómo lo que sucede en el caso actual podría afectar a este?

MA: Este caso compromete cuatro cadenas de mando, entre ellos está Ríos Montt. En la comunidad de Sepur Zarco se instaló un destacamento militar. Esta es la región del Polochic en donde la demanda de tierras desde la época colonial   ha sido una constante como así también la lucha y la reivindicación de la tierra por parte de los pueblos originarios. En esta región no había mayor presencia guerrillera. La presencia militar allí viene a ilustrar la alianza ejército-oligarquía nacional para la dominación de las comunidades y las garantías de expropiación de tierras.

En el valle del río Polochic, que abarca más o menos 12 kilómetros, hemos podido identificar que fueron asentados aproximadamente 7 destacamentos militares con diferentes funciones. La función del de Sepur Zarco, durante seis años, fue la para esparcimiento, recreo y descanso de la tropa. Allí las mujeres fueron obligadas a organizarse por turnos para que ir a lavar las ropas de los soldados, con sus propios medios, porque ellos no les proporcionaban jabón ni nada para hacerlo, cocinarle a la tropa con sus propias cosechas de maíz, de frijol,  y sumado a eso eran violadas.

Lo que queda demostrado es que la violencia sexual fue un hecho planificado, organizado administrativamente por los militares: que hayan sido organizadas por turnos, que se les hayan administrado anticonceptivos, por ejemplo, para que no quedaran embarazadas por las violaciones, y que previamente se hayan cometido otros delitos, como la desaparición forzada de sus esposos, y de haber utilizado la violencia sexual incluso como tortura para sacarles información. Los cuerpos de las mujeres fueron usados para enviar mensajes de terror a las comunidades enteras. Con todos esos hechos consideramos que queda demostrada la planificación, que no fueron actos que se le ocurrió a una tropa aislada.

La UNAMG está trabajando en la región con 60 mujeres. Hay una fuerte estigmatización en las comunidades contra ellas. Parte de lo doloroso de esto es que la violencia sexual es el único crimen por el que se responsabiliza a las víctimas,  y las mujeres han sido fuertemente estigmatizadas dentro de sus comunidades y esa es la razón por la cual no todas han querido colocar su caso ante el sistema de justicia. No obstante todas están organizadas en redes y apoyando a las 15 mujeres que sí han decidido llevar sus casos y contar todo lo sucedido a todas en la región en este juicio.

Los casos están claramente relacionados porque el caso de Sepur Zarco está presentado como violencia sexual constitutiva del genocidio. Las investigaciones han demostrado cómo fue utilizada la violencia sexual como parte de la maquinaria de guerra para dividir a las comunidades y literalmente utilizar a las mujeres para destruir la posibilidad de la continuidad de los pueblos originarios. De lo que vaya a suceder en el juicio contra Ríos Montt, dependerá también cómo avance el caso Sepur Zarco, en el cual ya 15 mujeres presentaron sus testimonios como prueba anticipada porque son mujeres ya mayores, de hecho una estaba enferma y ya falleció en enero de este año, por eso quisimos hacer la gestión de prueba anticipada.

AWID: ¿Qué papel ha jugado el Estado ante las denuncias?

MA: El Estado de Guatemala nunca asumió la investigación de estos hechos, y mucho menos llevarlos a juicio como correspondería. Han habido exhumaciones que evidencian todos estos hechos, y de oficio el Estado debería, cada vez que aparecen fosas, investigar y sin embargo no lo ha hecho. Nosotras reconocemos la actuación del actual Ministerio Público del actual Fiscal general. Sí consideramos que entre la gestión anterior y la actual fue posible que avanzaran estos casos. Todavía hay serias dificultades allí, por poderes paralelos interesados en que todos estos hechos no salgan a la luz y no logren justicia.  Y como colofón de esta situación, el Presidente actual, Otto Pérez Molina, es un ex-militar, que estuvo implicado, en el genocidio, precisamente en el área Ixil, fue Jefe de operaciones de inteligencia en estas regiones.

AWID: ¿Cómo ves el desarrollo del Juicio?

MA: La jueza y el Juez que están a cargo han demostrado imparcialidad, y han demostrado compromiso con la justicia, y conocimiento en el manejo de estos hechos con respecto a las leyes vigentes en el país. Creemos que lo están manejando de la mejor manera, en medio de fuertes presiones. Tenemos las mejores expectativas, pero igual estamos preparadas para cualquier cosa que pueda suceder. Creemos que está muy bien sustentada toda la acusación, realmente ha sido una gran labor de abogadas y abogados; los peritajes presentados son de altísimo nivel, así que esperaríamos que todo esto nos tendría que llevar a un juicio apegado a derecho, en donde haya una condena amplia que realmente pueda retomar todos los hechos de los que fueron víctimas las personas testigas del caso y esperaríamos que haya una sentencia. Pero si no fuera así de todas formas continuaremos apelando hasta que se haga justicia.

AWID: ¿De qué manera organizaciones sociales, de mujeres internacionales pueden demostrar su solidaridad?

MA: Es importante que la comunidad internacional esté al pendiente de lo que pueda suceder. Que sepan que todas estas acciones que realizamos las organizaciones sociales, de mujeres, de derechos humanos, es por la convicción de que la justicia es necesaria para que este país pueda avanzar, pero que lo estamos haciendo en condiciones realmente de mucha amenaza a la integridad de las propias víctimas, y de las testigos, las y los querellantes. Se hace necesario que los propios gobiernos de otros países exijan al Estado de Guatemala que respete y garantice un juicio apegado a derecho, y apegado también a las responsabilidades asumidas por el Estado en materia de derechos humanos.

Nota:

[1] GUATEMALA: MEMORIA DEL SILENCIO. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). Ciudad de Guatemala, febrero de 1999 (síntesis)

Más lecturas:

- Informa Memoria del Silencio

- Informe Memoria del silencio (anexos con los casos)

- La violación es genocidio

- ¿Cómo que no hubo genocidio? por Ricardo Falla

- Sepur Zarco: http://www.plazapublica.com.gt/content/sepur-zarco-el-recreo-de-los-soldados

- Los testimonios de las mujeres de Sepur Zarco

- Tribunal de Conciencia

- Pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Para mantenerse informada/o sobre el juicio:

- Coordinación Genocidio Nunca Más

- Sección especial en Plaza Pública

Licencia del artículo: Creative Commons - Titular de la Licencia de artículo: AWID

Beatriz: Mujer salvadoreña de 22 años necesita un aborto terapéutico para salvar su vida

BEATRIZ QUIERE VIVIR Y NECESITA QUE EL SISTEMA DE SALUD LE GARANTICE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SALVAR SU VIDA

Lea sobre la familia de Beatriz: La familia de Beatriz vive en la incertidumbre. La madre de Beatriz dice que no sabe que hacer, sabe que hay una vida dentro de su hija, pero tampoco quiere perderla.

Beatriz es una mujer joven de 22 años que vive en un cantón de Tierra Blanca en Jiquilisco que está embarazada con alto riesgo de muerte materna.Sufre de Lupus Eritematosos Discoidea agravado con, nefritis lúpica. Hace un año tuvo un embarazo de alto riesgo por padecer anemia, un cuadro Lupico exacerbado, neumonía y derrame pleural, e hipertensión por lo que se catalogó como Pre eclampsia severa, que se le sumaba al resto enfermedades que padecía. Finalmente le realizaron una cesárea y nació un niño que no fue dado de alta hasta después de 38 días, con un diagnóstico de recién nacido pre término con síndrome de distress respiratorio y Enterocolitis necrotizante. A Beatriz le propusieron esterilizarse por el alto riesgo de otro embarazo, pero decidió no hacerlo pues temía que su niño recién nacido muriera y ya no pudiera tener otro.

Actualmente está nuevamente embarazada, pero el feto según las tres ultrasonografías que le han realizado, es anancefalico, es decir no tiene cerebro, una anomalía mayor que es incompatible con la vida extrauterina, o sea en caso de que ese feto llegara a término no podría sobrevivir fuera del útero de la madre. Ante este cuadro clínico, el Hospital de Maternidad ha determinado que “es de vital importancia  realizarle un procedimiento médico ya que de no hacerlo hay una fuerte probabilidad de muerte materna”, sin embargo, a causa de la actual legislación existente en El Salvador que penaliza el aborto en todas sus formas, el personal médico del Hospital de Maternidad no se atreve a realizar el procedimiento de interrupción de este embarazo inviable para salvar la vida de Beatriz, por miedo a ser acusado de practicar un aborto. Incluso le han manifestado que ella sería la primera en ir a la cárcel en caso le interrumpieran el embarazo.

Este caso nos muestra con total dramatismo las consecuencias de la aprobación del Articulo 133 del Código Procesal penal que condena de forma indiscriminada la realización de cualquier tipo de aborto, aunque sea un procedimiento necesario para salvar la vida de una mujer embarazada. En este caso ésta prohibición es aún más ilógica, pues el feto es inviable,  por lo que no existe ningún dilema moral para elegir a quien salvar, si a la mujer  o a la criatura por nacer.

Beatriz quiere vivir.  Es una mujer joven con un proyecto de vida por delante y madre de un niño de un año al que quiere criar y proteger. Tiene derecho a que el Estado le garantice su derecho a la vida y a la salud. Por ello está presentando en el día de hoy un proceso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitando que envíen una provisión inmediata a las autoridades de Salud para que la intervengan inmediatamente y poder salvar su vida en grave peligro, de tal forma que el personal médico pueda intervenir con la garantía de no ser procesado por el delito de aborto.

Así mismo en el día de mañana, presentará una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga, conociendo las limitaciones  del amparo salvadoreño, y que en el caso de que la paciente muera o sufra un daño irreparable, sean las autoridades responsables de actuar las que  deberán responder de las consecuencias.

·         PEDIMOS QUE EL SISTEMA DE SALUD APLIQUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS DE QUE DISPONE PAR SALVAR LA VIDA DE BEATRIZ.

·         PEDIMOS QUE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LAS GARANTIAS NECESARIAS AL PERSONAL DE SALUD PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS MEDICAMENTE NECESARIOS PARA SALVAR LA VIDA DE BEATRIZ.

·         SOLICITAMOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y A LA ASAMBEA LEGISLATIVA QUE CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE “REVISAR SU LEGISLACIÓN SOBRE ABORTO PARA HACERLA COMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DEL PACTO. EL ESTADO DEBE TOMAR MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE LAS MUJERES QUE ACUDEN A HOSPITALES PÚBLICOS SEAN DENUNCIADAS POR EL PERSONAL MÉDICO O ADMINISTRATIVO POR EL DELITO DE ABORTO. ASIMISMO, EN TANTO NO SE REVISE LA LEGISLACIÓN EN VIGOR, EL ESTADO PARTE DEBE SUSPENDER LA INCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES POR EL DELITO DE ABORTO. EL ESTADO DEBE INICIAR UN DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LOS DERECHOS A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES”.

San Salvador, 11 de abril de 2013

AGRUPACION CIUDADANA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO, ETICO Y EUGENESICO

Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con discapacidad de Chile (CIMUNIDIS):“Me parece necesario que esta mayoría esté representada con la fuerza y la energía que tienen las mujeres con discapacidad”

Publicado en La Mansaguman

Por Catalina Lagos y Macarena Acuña

El 60% de las personas con discapacidad en Chile son mujeres, sin embargo las cúpulas dirigenciales de las organizaciones que las representan suelen  ser de hombres. Cansadas de esta estructura machista y movilizadas por el reconocimiento de una trayectoria en el trabajo social, este año se constituyó CIMUNIDIS, una organización conformada por mujeres comprometidas en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Un “circulo emancipador” con enfoque de derecho y universalista del cual nos contarán algunas de sus gestoras, Marcela Benavides (MB), Carolina Ferreira (CF) y Catherine Muñoz (CM).

¿Por qué  esta organización se constituyó sólo con mujeres?

MB: Porque todas éramos líderes dentro de nuestras organizaciones de base y teníamos una larga trayectoria social haciendo nuestro trabajo, sin embargo no éramos reconocidas. Entonces dijimos “estamos cansadas que estos machistas no nos reconozcan la pega”, nos ninguneban, nos discriminaban y nos ofendían. Ahora somos nosotras las encargadas que las mujeres y niñas se enteren de sus deberes, de sus derechos, de que existan círculos donde se sientan más acogidas y más identificadas.

Pese a que hay mujeres como ustedes en estos movimientos ¿por qué creen que persisten estas prácticas machistas?

MB: Porque los directorios están constituidos por hombres mayores de edad que trabajan con prácticas políticas prehistóricas. Ellos son autárquicos, son verticalistas, son excluyentes; sancionan a los y las líderes jóvenes, mientras estos/as hacen esfuerzos por educarse en prácticas políticas de gestión moderna. No reconocen ese recurso, ese capital humano que está creciendo en nuestras organizaciones. A nosotras nos colmaron la paciencia.

Y decidieron organizarse… levantar la voz de las mujeres

MB: Sí, nos dimos cuenta que teníamos un gran poder de convocatoria. Que manejamos las bases de datos de las organizaciones y, por tanto, sabíamos quién era quién y con qué mujeres líderes podíamos contar. De esta manera, cada una de ellas fue aportando redes y constituyendo así  una red universal.

¿Cómo se desarrolla el trabajo de esta red universal?

MB: Con un enfoque de derecho y universalista. Somos horizontales y nos gusta el trabajo colaborativo. Fomentar la participación y que las líderes crezcan en su desarrollo personal. Que nadie nos venga a ningunear, porque no nos vamos a quedar calladas. No tenemos miedo.

¡Emancípense! vénganse al Círculo emancipador… ese es el mensaje?

MB: Creo que tiene que ver con que al mismo tiempo que se descubren las capacidades de lucha, se descubren las posibilidades de emancipación. Es decir, queremos autonomía en todos los terrenos y me parece necesario y válido que esta mayoría esté representada con la fuerza y la energía que tienen las mujeres con discapacidad.

¿Qué  pasa con el cuerpo de las mujeres con discapacidad?

MB: Básicamente el Estado quiere dominar nuestros cuerpos. La familia quiere dominar nuestros cuerpos ¿Cómo?  A través de normas, de prácticas médicas cómplices, por ejemplo la esterilización, la no posibilidad de matrimonio a través del Código Civil. La no posibilidad de tener una familia propia por la negación del derecho a la crianza. Por la negación al derecho a adopción y también de la sexualidad. Por ejemplo las mujeres con síndrome de Down no pueden expresar su sexualidad.

¿Quiénes conforman CIMUNIDIS?

MB: La experiencia nos dijo que no teníamos que basarnos necesariamente en organizaciones de base, sino que en mujeres que adhirieran a nuestro enfoque. Que fueran solidarias, que quisieran  incorporarse para trabajar en la formación de liderazgo. En la formación del desarrollo de las mujeres.

O sea, convocan más a lideresas que a organizaciones

MB: Claro, porque quisimos ser “nodos”. Por eso nos gustó el tema de los círculos. Porque son nodos que existen en todo el país, de Arica a Punta Arenas; y queremos potenciar esos nodos, que cada nodo forme su propio círculo. Que se trabaje cara a cara y que haya confianza mutua, cosa que no hay en las organizaciones tradicionales.

 ¿Qué discapacidades presentan las mujeres que conforman CIMUNIDIS?

MB: De todas. Hay gente que tiene discapacidad visual, auditiva, psicosocial; y representantes de personas con discapacidad intelectual.

¿Físicas también?

MB: Físicas también. Te lo voy a decir en términos más sencillos; gente de la discapacidad que es pobre. Porque la mayoría de nosotras; de las personas con discapacidad somos pobres. Vivimos con una pensión básica solidaria, salvo pocos casos donde han podido tener educación y trabajar en forma normal e inclusiva. Y bueno, ahí está la gente que tiene ceguera, sordera, paralíticos, personas dementes, con alzhéimer, distonía, personas con autismo, depresión, bipolares, locos, locas, personas con síndrome de Down y epilépticos.

“Nunca las autoridades han asumido su responsabilidad política sobre el tema de la violencia sexual”

 

¿Cómo ha sido el trabajo para lograr un mayor reconocimiento y garantías para las mujeres con discapacidad?

MB: Desde el año 2008 se han comenzado a visibilizar algunos de los principales problemas de las mujeres con discapacidad, pero es muy incipiente. Chile en 2008 firmó y ratificó la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que hasta ahora integra 155 Estados. Además firmó la Ley 20422, llamada Ley de Integración, y creó el Centro Nacional para Discapacitados (CENADI).

¿Y qué ha pasado con eso?

MB: Estamos dando la batalla. Y ahora al constituirnos como movimiento de personas con discapacidad, creo que hemos tenido estrellas ya en nuestras banderas. Por ejemplo, conseguimos una mesa de diálogo permanente en el SERNAM y fuimos capaces de formular una demanda de las mujeres y niñas con discapacidad bastante concreta, específicamente sobre el tema  de la violencia y la discriminación.

En relación a lo que mencionas ¿Cómo afecta la violencia a las mujeres y niñas con discapacidad?

MB: Es grave, porque hay alta dependencia. Por ejemplo todo lo que tiene que ver  con abusos sexuales, con violación, con incesto está absolutamente invisibilizado. En muchos casos cuando tiene que ver el abuso con niñas y niños con discapacidad intelectual, psicosocial y física de alta dependencia, hay complicidad de la familia y del entorno.

Y las organizaciones

Hubo un caso grave que nosotras consideramos era incesto ¿Por qué la matrona no detectó que era un incesto?  ¿Por qué la asistente social de la comuna no fue a visitar a esta niña que tuvo un parto en esas condiciones? Porque esta niña ha sido invisibilizada por las organizaciones. No ponen al agresor fuera del ámbito del hogar de ella, porque saben que la familia las terminan echando a la calle. No hay refugio para estas niñas que sufren violencia sexual.

No sólo invisibilizadas por las organizaciones, sino por la sociedad en su conjunto

CF: La mujer objeto que dictan las sociedades patriarcales como en la que vivimos,  redoblan el efecto en el caso de las mujeres con discapacidad o con ciertas discapacidades; entonces, por ejemplo, las mujeres en situación de internación psiquiátrica se vuelven mucho más volubles, es decir,  siguen siendo vistas como objeto sexual, incluso, siendo abusadas bajo tratamiento farmacéutico.

¿Pero son casos que no son denunciados?

CF: Hubo un caso de una joven en El Peral que fue denunciada por una enfermera de la Comisión de Protección. Ella declaró que esa joven le dijo “tal funcionario abusa sexualmente de mí, por favor haga algo”, sin embargo no le creyó. La segunda vez fue lo mismo, pero conversó con el funcionario, el cual  le dijo que era parte de su psicosis. La joven volvió a denunciar, por lo que la enfermera dijo, “no puede ser, algo está pasando”. Sacó al funcionario del lugar de internación de estas mujeres y lo trasladó a otro servicio. Nunca lo denunció y nunca fue sancionado.

¿Y esto se ha denunciado a autoridades de la Comisión Nacional de Protección de Derecho de los Pacientes?

CF: No sale del Ministerio de Salud, ni de la Comisión. Cuando la Comisión eleva un reclamo se informa a la autoridad superior que puede ser el Ministro de Salud o el Subsecretario de Redes y ¿Qué pasa?…devuelven la carta a la Comisión de Protección, diciendo respondan ustedes esta carta. Nunca las autoridades han asumido su responsabilidad política sobre el tema. Nunca.

Hay un problema serio de acceso a la justicia

CF: Terrible. Hay un problema…

 ¿Por qué no hay medios? ¿Qué sucede?

CF: Porque las personas con discapacidad y sus familias sólo pueden acceder a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), las cuales pueden ser civiles, pueden ser laborales, en algunos casos, pero ninguno atiende juicios penales. Ninguno de los reclamos de los sumarios de hechos penales ante la Fiscalía de los distintos servicios metropolitanos ha llegado hasta un Tribunal. No hay jurisprudencia para la aplicación de sanción de la Convención en Chile. No tenemos acceso a oficinas de abogados, la  gente que tiene a sus hijos internados en los hospitales, la mayor parte no pasa del tercer quintil de la población y solamente tiene derecho a salud pública a través de los servicios del Estado. Y no hay ninguna garantía para ellos, ninguna.

¿Qué se viene para el futuro?

MB: Sobre la mesa estable que se constituyó en el SERNAM se estableció que las demandas van hacer trabajadas. Fueron reconocidas por la ministra y entran en sus políticas con enfoque de género y discapacidad.  Ella reconoció que hay medidas inmediatas; otras de mediano plazo y otras de largo plazo. O sea acogieron plenamente nuestro petitorio. Yo creo que eso nos va a servir también para vincularnos con otras mesas de trabajo que el SERNAM tiene, por ejemplo, la mesa indígena, la mesa rural, la mesa sindical, la …Así como también transversalizar  la problemática.

¿Qué se plantea en torno a políticas inclusivas?

MB: La mayor parte de las personas con discapacidad no accede a puestos de trabajo. Hay una cantidad enorme con discapacidad que no termina la enseñanza básica. Entonces quedan prácticamente en un margen de analfabetismo, es decir, en una marginalidad enorme. Esto incumbe a otros servicios y a otras instituciones y, por lo tanto, es fundamental que la mesa promueva esa transversalidad.