martes, 30 de abril de 2013

Discriminaciones, violencias y obstáculos contra las personas trans en el sistema de salud, educacional y laboral


Por Michel Riquelme N.
Las personas trans (transexuales, transgéneras, travestis e intersex) representamos una parte de la sociedad que históricamente ha sido invisible. Primero fuimos encasilladas por códigos penales como delincuentes y pervertidas para luego ser reclasificadas como trastornadas, anormales y fetichistas por códigos médicos. Estás clasificaciones y denominaciones sobre nuestros cuerpos siempre han sido hechas por otros, otros con poder y supuestos estudios que les dan este poder. Sin embargo con la instauración del sistema de Derechos Humanos, las poblaciones marginadas e invisibles de la historia, hemos podido decir que ante todo somos seres human*s y por lo tanto con los mismos derechos que cualquiera. Del mismo modo esas clasificaciones estigmatizantes que se nos achacaron siempre, han ido quedando atrás gracias a que hemos sido capaces de autonombrarnos, autorepresentarnos y decidir que queremos para nuestras vidas, quitándoles el poder sobre nuestros cuerpos a quienes sin vergüenzamente se lo arrogan.
 A pesar de la lucha diaria que hacemos por sobrevivir en un sistema que no esta pensado para nosotr*s y de los logros que hemos alcanzado, como circulares para el respeto de nuestras identidades de género en los servicios de salud públicos, las discriminaciones, violencias y obstáculos siguen siendo también cotidianos. A continuación detallaré tres áreas de la estructura social, donde las personas trans enfrentamos estos problemas y que impiden el libre desarrollo de nuestras vidas.
 Area de salud
 Las personas trans enfrentamos discriminaciones y violencias basadas en nuestra apariencia física y nuestra identidad de género. El típico caso de una mujer que llega a un centro de salud para ser atendida y al ser llamada en voz alta con un nombre “de hombre”, causa todo un revuelo en la sala de espera, susurros burlescos y hasta “tallas” contra la paciente. Estas humillaciones no son incocentes, tienen la intención de intimidarnos y obstaculizar que accedamos a los mismos espacios que el resto. Una persona humillada o discriminada en un centro de salud, dificilmente regreserá aunque necesite atención médica.
 Aunque han habido avances en el respeto a la identidad de género de las personas trans en los centros de salud públicos gracias al trabajo de las organizaciones sociales que nos dedicamos a capacitar estos centros y los documentos de respaldo que ha emitido el MINSAL, lamentablemente aún persisten situaciones donde funcionarios/as se niegan a respetarnos hasta el punto incluso de no atendernos o hacerlo de manera despectiva y negligente. En el caso de la salud privada, esta situación se agudiza aún más ya que no existe ninguna obligación por parte de estos prestadores de salud a respetar la identidad de género de las personas trans.
 A pesar de que hace más de 40 años que en Chile se realizan cirugías de readecuación genital en el sistema público de salud a personas trans que lo soliciten, sólo hace 3 que oficialmente existe un documento técnico respaldado por el Ministerio de Salud que regula estas y otras prestaciones a las personas trans por motivos de su transición de género. Del mismo modo, aunque la mayoría de las prestaciones de salud descritas en este documento técnico (Vía clínica para la adecuación corporal) son comunes al resto de la población y se realizan cotidianamente en muchos hospitales del país, sólo algunos de estos recintos han tenido la voluntad de ofrecerlas también a personas trans y designar profesionales que se preocupen de esto, lo que evidencia los prejuicios y discriminaciones que aún persisten en el área de las ciencias de la salud, donde muchos “profesionales” simplemente no nos atienden y tampoco están informados de cómo derivarnos a otros profesionales que si nos respetan. Encontrándose muchas veces nuestras solicitudes de atención en un callejón sin salida dentro del sistema de salud.
 La escasez de profesionales de la salud que nos respeten y quieran atendernos, hace también que el mercado informal de salud tenga gran cantindad de clientes trans pagando por tratamientos hormonales de dudosa procedencia e intervenciones quirúrgicas en manos de verdaderos “carniceros” a quienes sólo les interesa que sus clientes les paguen los millones que cobran por la cirugía sin importar los resultados funcionales de la intervención, provocando daños irreparables a la salud de las personas trans.
 Area educacional
 El principal obstáculo en el sistema educacional para las personas trans pasa porque no nos respetan nuestra identidad de género y por la violencia que recibimos cuando queremos expresarnos tal cual somos, violencia que muchas veces es amparada por el propio cuerpo docente o ejercida por este que en su afan de “educar como corresponde” no mide el daño psicológico que provoca la represión contra las personas trans.
 La férrea división sexual que existe en el sistema escolar, desde la división en uso de uniformes para niñas y uniformes para niños hasta la división en actividades exclusivas para niños y actividades exclusivas para niñas, hace que las personas trans desertemos del este sistema por no encontrar una solución a nuestras necesidades, que no son “exclusivas de niños” o “exclusivas de niñas”. Este sistema nos oprime y no nos deja expresar quienes somos. Se nos violenta con humillaciones y obligatoriedad de usar el uniforme del “sexo que nos corresponde” sin escucharnos y sin tomar en cuenta nuestras necesidades específicas, se nos cuestiona constantemente, no se nos cree, nos dicen que es una etepa y que se nos va a pasar, que es un capricho. Nosotr*s nos preguntamos ¿porque una persona trans de 10 años no puede saber con seguridad si es trans o no pero una persona de la misma edad, si puede saber con absoluta certeza que es hombre o mujer?
 Area laboral
 El sistema laboral constituye una de las principales barreras para las personas trans en nuestro desarrollo de vida debido a que para poder ser contratadas en cualquier trabajo debemos presentar nuestros documentos legales en los cuales figura nuestro nombre y sexo legal, que no son los que utilizamos socialmente y tampoco representan nuestra apriencia física. Ante esta situación la mayoría de empleadores, simplemente desechan nuestros curriculms y no nos dan ninguna oportunidad laboral.
 Para que una persona pueda cambiar legalmente su nombre debe presentar una demanda civil, debe tener acceso a un abogado y esperar por lo menos 8 meses a que finalice su demanda ¿Qué hacen las personas trans que no pueden acceder a un abogado? ¿De qué viven las personas trans mientras esperan los 8 meses a 2 años que puede durar la tramitación de su demanda? Intentar sobrevivir en la precariedad económica y laboral.
 Por supuesto que muchos otros aspectos de la sociedad quedan fuera de este ánalisis sobre las discriminaciones, violencias y obstáculos que enfrentamos las personas trans en el Chile de hoy. Pero hago incapié en estas tres áreas debido a que muchos de estos problemas se aminorarían si el estado reconociera el derecho de todas las personas decidir sobre su propia identidad de género. Si hoy podemos elegir nuestra etnia, religión y creencias, también debemos poder elegir nuestra propia identidad y no que sigan siendo otros los que decidan.
 Por todo esto es necesario la promulgación de una Ley de Identidad de Género en Chile, respetuosa del derecho de cada quien a decidir su propia identidad y a la altura de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos e identidad de género.

lunes, 29 de abril de 2013

Demanda ONU protección de derechos sexuales de las migrantes


Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 29/04/2013
Los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes fueron reconocidos dentro de los acuerdos del 46 periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas (CPD46).

En la resolución final de la CPD46 –cuyas sesiones se celebraron del 22 al 26 de abril en la sede de la ONU en Nueva York–, se incluye el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes, quienes según estimaciones, representan el 50 por ciento de la población migrante a nivel global.

Para este año el eje temático de las reuniones fue “Nuevas tendencias de la migración: aspectos demográficos”, por lo que en los resolutivos se hizo un llamado a los Estados miembros de la ONU a reconocer la importancia de la migración para el desarrollo de los países.

Dentro de las resoluciones finales se llama a que las naciones reconozcan su responsabilidad en promover y proteger los DH, así como las libertades fundamentales de todas y todos los migrantes, “especialmente los de las mujeres y las niñas”.

El documento final –actualmente sólo disponible en inglés– urge a los gobernantes a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas y programas llevados a cabo en el ámbito de la migración.

Lo anterior debido a que existen efectos positivos de la migración al empoderar a las mujeres, así como la importancia de sus contribuciones al desarrollo económico, social y humano de sus países de origen y los de destino.

La CPD46 exhortó a los países a emprender acciones para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, y a eliminar la coerción, discriminación, tráfico de personas, explotación y abuso sexual que padece en mayor medida la población femenina migrante.

Del mismo modo, convocó a los países a proveer de manera integral servicios de salud “que sean particularmente sensibles a las necesidades individuales de mujeres y adolescentes”, y en los cuales su condición de migrante no impida el acceso a ellos.

Llamó a que estos servicios respondan a su situación de “menor empoderamiento social” y se brinde particular atención a las víctimas de violencia sexual.

Uno de los puntos de la resolución define que se debe garantizar el acceso a servicios de prevención y tratamiento de VIH/Sida, y que se implementen medidas para prevenir la violencia sexual y facilitar la anticoncepción de emergencia, así como acceso al aborto seguro en los países donde esté permitido por la ley.

De acuerdo con la CPD46, mientras no se creen oportunidades para la independencia económica y empoderamiento de las migrantes, pueden incrementarse los riesgos que las lleven a la explotación y vulnerabilidad de sufrir violaciones y abusos en su contra.

La Comisión de Población y Desarrollo depende del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y da  seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994.

13/AZM/RMB

domingo, 28 de abril de 2013

Comunicado público de apoyo a las compañeras presas del montaje del 28 de marzo en Temuco.

Por  Segundo Patio Agrupación Política Disidente 

25 de Abril 2013


Wallmapu, abril 2013
En la madrugada del 28 de marzo 2013, tras un operativo policial un grancontingente del OS-9 y Fuerzas Especiales ingresó al “Espacio Pandemia” y a doscasas particulares en el sector de la plaza Dreves, allanamiento que derivó enla detención de un grupo de 12 jóvenes, quienes en el contexto del procedimientode detención, sufrieron malos tratos y vejaciones por parte de personal deCarabineros y Gendarmería, llegando hasta ser obligadxs mediante el uso de lafuerza a tomarse exámenes de sangre, entre otras diversas situaciones deviolencia excesiva e injustificada.

Tras la larga audiencia, quedaron en prisión preventiva Ariadna Torres,Yaritza  Grandón, Roxana Marín, SilvanaLamilla y JotaPe. Las tres primeras acusadas, por la ley de control de armas yexplosivos, y lxs segundx por infracción a la ley de drogas. 

En ese contexto, las compañeras Ariadna Torres, Yaritza Grandón y  Roxana Marín (cinco meses de embarazo) fuerontrasladadas a la cárcel de Temuco por cinco meses que durará la investigación,mientras que Silvana Lamilla y JotaPe se encuentran con arresto domiciliario yen reclusión nocturna.

Estas determinaciones dan cuenta de las nulas pruebas que tiene la“justicia” para inculpar a estxs compañerxs, siendo víctimas de un montaje político, social y mediático, igualando al emblemático “Caso Bombas”.

Los hechos relatados anteriormente expresan el clima violento y hostil quese vive en La Araucanía, donde diariamente podemos ver como se han naturalizadolas prácticas represivas y abusivas por parte de las Fuerzas Policiales, locual se visualiza en el silencio que se guarda frente a los allanamientos enlas comunidades Mapuche, en las marchas, cuando reprimen y detienen aestudiantes, en particular cuando hay violencia sexual y verbal en contra decompañeras; cuando la justicia para “ ricxs” condena a más de 8 años depresidio a una mujer de 27 años por haberle quitado una gorra a un Carabinero,al extremo conservadurismo de la región más pobre de Chile que se traduce enlos altos índices de violencia y discriminación que reciben las mujeres,diversidades sexuales, disidencias y Mapuche, según múltiples organizaciones socialesque han investigado la realidad que vivimos cotidianamente. No podemos dejar demencionar que todo esto es avalado por los medios de comunicación, quienesabordan estos hechos desde una mirada de criminalización, lo cual responde a lacomplicidad que tienen con el Estado, el Gobierno y la Policía, quienes actúanen conjunto por sus intereses y su moral.

En ese sentido y en el caso particular del caso del Montaje del 28 de marzocomo mujeres, feministas y disidentes de la región de La Araucanía expresamoslo siguiente:

1.- Nuestro más profundo rechazo a las diversas situaciones de violencia,persecución y encarcelamiento que se realizan constantemente en este territoriono sólo al pueblo Mapuche, sino también a quienes generan espacios y lugares deresistencias en el marco de sistema capitalista neoliberal patriarcalheteronormado, que nos discrimina y excluye en todas las esferas de la vida sociale íntima.

Esta política se intensifico este año con la muerte de los Luchsinger, endonde se aumentó considerablemente la dotación policial en La Araucanía, llegandoa ser territorio militarizado, en el cual se inició una “cacería de brujas”expresada en primer lugar, en la detención del Machi Celestino Córdova; autoridadancestral Mapuche que no puede estar alejado del rewe, ni de su comunidad,hasta el día de hoy está en prisión preventiva sin ser declarado culpable, unavez más por falta de pruebas. Asimismo, el Gobierno culpó al ex estudiante deAntropología de la UCT; Emilio Berkhoff de ser la cabeza del “terrorismo” en laregión, cuestión que no ha sido comprobada, casualmente por la misma razón;falta de pruebas. No hay que olvidar, que este año la madre y hermana de MatíasCatrileo, fueron detenidas y que hoy se encuentran bajo dos meses deinvestigación, lo cual representa la oleada de criminalización y violenciadesde el Estado y el Gobierno.

Es por eso que denunciamos, que los allanamientos al “Espacio Pandemia” y ados casas particulares en el sector de la plaza Dreves están en concordancia alíneas que se están aplicando en la ciudad, en la cual cada una cuadra seencuentra una cámara de seguridad que no vigila en cada segundo. El montaje del28 de marzo que pone en manifiesto cómo opera la persecución política en contrade nosotrxs.

2.- Denunciamos la situación que está viviendo Roxana Marín, quien seencuentra presa con más de 5 meses de embarazo, quien necesita un régimen dealimentación basado en leches vegetales, frutas y verduras para ella y León,como parte de su decisión de vegetariana. Además, condenamos y nos resistimosaceptar que nazca su hijx, León, en una situación de cárcel debido a que seviola sus derechos a la libertad.

3.- Exigimos que la compañera Yaritza Grandón, reciba de manera inmediata sus controles kinesiológicos para tratar la enfermedad progresiva que sufre en sus brazos desde niña. Nos parece injustificable que no esté siendo tratada,considerando que lo perjudicial que esto para su salud y bienestar.

4.- Rechazamos la persecución política que están viviendo las compañeras yhermanas de la casa “Diplodocus”. Dejamos en evidencia de que existe laposibilidad de ser allanadas por parte de la policía, debido a que contamos conantecedentes previos de hostigamiento en contra de este espacio. En ese sentido,respaldamos y apoyemos su trabajo y su organización, quienes mediante diversasactividades y jornadas culturales se ligan a la comunidad.

5.- Condenamos las políticas de las autoridades locales de la Derecha yConcertación por ser parte de desarticulación de organización colectiva;quitando el lugar físico que daba vida a espacios de promoción y fomento de laconstrucción colectiva de expresiones políticas y artísticos-culturales. En esesentido, tenemos el caso de la Ex – Fábrika; Escuela de Artes Sociocultural deTemuco, quienes brindaban diversas actividades en pos del fortalecimiento delas artes, las luchas locales, manteniendo un estrecha relación con lacomunidad y sobre todo relevamos su trabajo, apoyo y compromiso con la LuchaMapuche, planteándose propuestas que permitirán visibilizar y denunciar laaplicación de Ley Antiterrorista, instrumento heredado de la Dictadura Militar,contra los presos políticos Mapuche.

Como mujeres, feministas y disidentes de la región de La Araucanía denunciaremos y nos organizaremos para enfrentar todo tipo de montaje que segenere en contra de mujeres, Mapuche y no Mapuche, luchadorxs sociales, trabajadorxs,estudiantes, pobladorxs y en contra de quienes nos resistimos a este sistemaque sólo nos arroja a la miseria y un control sobre nuestros cuerpos y vidas.
Informamos y llámanos a solidarizar con sus visitas a la cárcel de mujeresde Temuco llevando su cariño, resistencia, cartas de apoyos de diversas mujeresy/u organizaciones sociales y su colaboración con frutos secos, frutas; lechesvegetales, comida preparada vegetariana; libros, revistas, cigarros y lanas enenvases trasparentes. Las visitas son los días martes, jueves y domingos de9:30 hasta las 11:30 horas.

Para finalizar, invitamos a participar de todas las actividad es que sedesarrollen a nivel nacional en pos de costear las asesorías legales que senecesitan frente este tipo de montaje. Por nuestra parte, como organizacionesde mujeres, disidentes e individualidades abajo firmantes estamos preparando ycoordinando la realización de una peña en Temuco para el día 7 de junio 2013(lugar por confirmar a través de nuestros medios de difusión),con el objetivode apoyar el gasto de lxs abogadxs que llevan el caso. 

Cualquier información y/o colaboración contactarse a los correos:

Segundo Patio Agrupación Política Feminista Disidente de Temuco: segundopatioelmundo@gmail.com
Pan y Rosas Teresa Flores Temuco: pyrtemuco@gmail.com
Firman:
Segundo Patio Agrupación Política Feminista Disidente de Temuco. 
Agrupación de Mujeres trabajadoras y estudiantes Pan y Rosas Temuco.
Camila Delgado, Presidenta Centro de Estudiantes Antropología UC Temuco.
Beatriz Barra, Ex presidenta Centro de Estudiantes Antropología UC Temuco2011-2012.
Daniela Campos, Presidenta Centro de Estudiantes Artes UC Temuco.

jueves, 25 de abril de 2013

Alerta Máxima del Movimiento Feminista ante serios retrocesos en la 46ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas


 La migración internacional es el tema central de la 46ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD46), que se realiza del 22 al 26 de abril en Nueva York. Las organizaciones feministas presentes en esta reunión alertamos contra la tendencia global a omitir la integralidad de los derechos humanos.
En todos los espacios de negociación internacional es cada vez más evidente el interés de priorizar unos derechos frente a otros. Esto reproduce en el sistema de Naciones Unidas y en las discusiones entre las Naciones Parte, las graves violaciones a derechos humanos que se pretenden erradicar. Lo anterior impide el avance contundente y decidido hacia el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas.
En la CPD46, en el discurso los países refrendan los derechos humanos, pero se niegan a garantizar los servicios necesarios para que las poblaciones migrantes puedan ejercer esos derechos. Los países del norte se dicen dispuestos a reconocer los  derechos sexuales y reproductivos, pero sólo como elemento distractor para no abundar en la discusión del reconocimiento de los derechos humanos de la población migrante en sus territorios. Los países del sur han defendido a ultranza los derechos de la población migrante, pero se niegan al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En última instancia, lo que queda de manifiesto una vez más, es la instrumentalización de los derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, que son usados como moneda de cambio en las negociaciones internacionales.

Las organizaciones feministas presentes denunciamos:
 Los gobiernos del mundo regatean los derechos humanos de la población migrante y pretenden vulnerar su universalidad, indivisibilidad, portabilidad e integralidad. Particularmente, los países desarrollados anteponen sus  intereses económicos a los derechos humanos.
La oposición a incorporar el compromiso de los Estados a proveer servicios integrales en educación,  salud sexual y salud reproductiva.
El bajo perfil de la representación de los gobiernos, así como la exclusión de la sociedad civil, y en especial de las organizaciones y activistas defensoras de los derechos de las personas migrantes en las delegaciones oficiales.
La alianza de algunos Estados de Latinoamérica y del Caribe con países abiertamente contrarios al reconocimiento de derechos humanos de las mujeres, como es el caso del apoyo de  Nicaragua y Guatemala a la propuesta de Irán y Qatar de eliminar toda mención a salud y derechos sexuales y reproductivos en la resolución.
          La pasividad de países, como Brasil, tradicionalmente activos en la defensa de los  Derechos Humanos en las Naciones Unidas.
      Es importante reconocer el esfuerzo que algunos países han realizado para mantener una postura coherente en defensa de la población migrante. Sin embargo, esto no es suficiente si se quiere avanzar en la progresividad de los derechos.

 Ante este escenario, manifestamos nuestra preocupación por los posibles retrocesos que la Resolución de la CPD46 pueda generar en los estándares de reconocimiento y garantía  de derechos de la población migrante y en particular de las mujeres.

 Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Alianza LAC de Juventudes rumbo a Cairo +20
Articulación Regional hacia Cairo +20
Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Red de Mujeres Afrocaribeñas, Afrolatinoamericanas y de la Diáspora
Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos - RMMDR
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, RedLAC
Católicas por el Derecho a Decidir
Colectiva Mujer y Salud – República Dominicana
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad – México
Creación Positiva – España
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos – México
Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia – México
Foro de Mujeres y Políticas de Población – México
Fundación Si Mujer – Colombia
Organización de Mujeres Tierra Viva – Guatemala
Red Activas - España
Red por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, ddeser – México
Solidaridad Internacional / Alianza por la Solidaridad – España
Taller  Salud – Puerto Rico

miércoles, 24 de abril de 2013

Yo soy mi centro (2013)

Tomado de Mujeres al Borde


por Ana Luchx
Sinopsis:
En “Yo soy mi centro”, Camila nos cuenta su vivencia personal de la maternidad lésbica visibilizando una situación compleja y dolorosa de la que pocas se atreven a hablar, la experiencia de las mamás lesbianas que la ley no reconoce como madres y que al separarse de su pareja se enfrentan a la posibilidad de perder a sus hijxs.
Esta es una historia distinta de la maternidad, es el reencuentro de Camila consigo misma mirando sin miedo el pasado para reconciliarse con la vida y afirmar que lxs hijxs no pueden ser el centro de la existencia, que cada quien debe ser su propio centro.


"Yo soy mi centro" fue producido durante la Audiovisual AL BORDE 2012 realizada en Asunción y finalizado en Bogotá en marzo de 2013. Con el apoyo financiero de MamaCash y la colaboración con espacios físicos de "Aireana Grupo por los derechos de la lesbianas".
AQUI Puedes ver el trailer de este y todos los videos producidos en esta 3era. Escuela Audiovisual AL BORDE.



FICHA TECNICA:
"Yo soy mi centro". Documental. AL BORDE Producciones, 6 min., HDV, Asunción, Marzo de 2013
Dirección: Camila Zabala / Cámara y Fotografía: Vanessa Paniagua, Claudia Corredor / Asistencia de Cámara: Ana Lucia Ramírez / Sonido: Nadia Capdevila, Ana Lucia Ramírez/ Producción de Campo y Fotofija:Ruth Vera/ Asistencia de Producción: Cynthia Espíndola/ Making Off: Claudia Corredor y Ana Ramírez/ Edición: Ana Lucia Ramírez, Camila Zabala/ Corrección de Color: Wilington Torres/ Música: Los sundayers, Bonifrate, Songo 21 / Producción General: Equipo Escuela Audiovisual AL BORDE, Al Borde Producciones
Distribución: Al Borde Producciones - contacto@mujeresaborde.org /mariacrodriguez@mujeresalborde.org
Talleristas Escuela Audiovisual AL BORDE 2012: Ana Lucia Ramírez, Claudia Corredor, Cristina Rodríguez.





lunes, 22 de abril de 2013

Prevención: el compromiso contra la violencia de género que debería tomar el próximo gobierno


La violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana.



Columna escrita para el Observatorio de Género y Equidad

Nuestro Colectivo inicia su actividad ciudadana en el año 2010. En aquel entonces, un año sin elecciones, en el cual poco se escuchaba la voz de jóvenes y adolescentes, dimos inicio a nuestro trabajo en temáticas de violencia contra las mujeres y en el pololeo (o todas las relaciones no consideradas por la Ley de Violencia Intrafamiliar, VIF). Nuestro estandarte era (y es) la Convención Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), instrumento que en nuestro país fue ratificado en el año 1994 y con el cual, el Estado chileno mantiene una deuda pendiente.

Esta Convención, en su art. 3 señala que "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado." Sin embargo, nuestra Ley VIF, promulgada con bombos y platillos en el año 2005, sólo protege a las mujeres en sus relaciones privadas y desde una perspectiva familio-centrista.

Según la VI Encuesta Nacional del INJUV, las y los jóvenes corresponden al 25% de la población, y además es la población más permeable a los cambios culturales destinados a superar las barreras de profundas inequidades entre mujeres y hombres heredadas de generaciones pasadas.

Sin embargo, la violencia de género opera como mecanismo de control especialmente en parejas jóvenes, lo cual es un problema tratado escasamente en nuestro país, tanto a nivel investigativo como de las intervenciones dirigidas a su prevención temprana. Ya que las leyes de Violencia Intrafamiliar y de Femicidio abordan la violencia en el mundo privado —cónyuges, convivientes o parejas con hijos en común—, ambas excluyen la violencia en relaciones amorosas "no estables" como el pololeo/noviazgo, "andantes" y "amigos con ventajas", dejando en la desprotección a las y los jóvenes que viven estas relaciones.

Por lo tanto, nuestras propuestas se enfocan principalmente en la atención a l@s jóvenes protagonistas de este problema, en el cual la prevención toma un rol fundamental.

Desde nuestra perspectiva, una política pública orientada a la prevención —un Plan Nacional Intersectorial de Prevención de la Violencia basada en el género—, debería incluir, como mínimo:
  • Un Plan de Acción en Medios de Comunicación, el cual debe considerar campañas permanentes de bien público en alianza con organizaciones de la sociedad civil y agencias de publicidad; creación de un "Premio País" en publicidad no sexista; capacitar a periodistas y editores de medios; incorporar en guiones de teleseries el abordaje de la violencia en relaciones sentimentales en parejas jóvenes y el rol de l@s terceros y nuevos modelos de ser hombres y mujeres; incluir en el diseño de campañas nacionales a jóvenes de distintos sectores;

  • Provisión de servicios, tanto para las jóvenes víctimas de violencia como para quienes la ejercen, pues l@s jóvenes no se sienten convocad@s por los lugares institucionalmente establecidos. Actualmente existen centros de atención y ayuda para mujeres víctimas de violencia, pero estos no están enfocados ni preparados para la atención y contención de las jóvenes que vivan situaciones de violencia en sus relaciones no formales; y

  • Es de primordial importancia generar estudios y registros estadísticos que aborden este problema, para con esos datos generar políticas públicas que aborden ésta problemática.

Por cierto, este "Plan mínimo" debiera ser una base para la realización de políticas de intervención más profundas, en el marco del reconocimiento legal de la violencia de género —pública o privada— como un atentado contra los derechos más básicos de las personas.
Estos derechos que como jóvenes buscamos reivindicar, forman parte del reconocimiento, garantía y protección de derechos individuales y colectivos que la sociedad civil ha salido a exigir y que quienes pretendan dirigir el país tendrían que considerar en sus programas de Gobierno.

La situación del Pueblo Mapuche


En un año electoral como este, nos encontraremos con candidatos/as que dicen respetar nuestra cultura, como también reconocer la llamada deuda histórica a los pueblos originarios, en particular al Pueblo Mapuche.




No sólo desde la existencia del Estado chileno el Pueblo Mapuche ha decido luchar por el respeto a sus derechos como un pueblo libre y autónomo. Esta lucha se acarrea desde la llegada de los colonizadores españoles al Wallmapu, pero se ha intensificado y se ha hecho más cruenta desde la existencia del Estado chileno, pues ha sido éste el que nunca ha reconocido nuestra existencia como un pueblo distinto, con territorio propio, y ha implementado una serie de herramientas para exterminar nuestro rakizuam (pensamiento) mapuche y con ello todo atisbo de resistencia.

Las demandas del Pueblo Mapuche no son más que demandas por justicia, libre determinación y autonomía, derechos que todo pueblo en el mundo ejerce libremente, pero que con la existencia del estado-nación, se les ha negado a otros pueblos a quienes se les ha sometido y se les ha despojado de su riquezas naturales y territorios, provocando así el extermino no sólo de la cultura, sino también de sus integrantes.

En el caso de nuestro Pueblo Mapuche, la lógica no ha sido distinta. A modo de ejemplo, podemos señalar que el Estado chileno ha emprendido guerras de dominación sobre nosotros como la llamada pacificación de la Araucanía. También se ha preocupado de cercenar la cultura mapuche, terminar con el aprendizaje y utilización del mapudungun y con la sabiduría ancestral mapuche mediante la educación y la inserción de las escuelas formales en el territorio mapuche o Wallmapu.

Ante este escenario tan desfavorable para nosotros como pueblo, en el que no existe la voluntad política de diálogo y solución de los conflictos, y el irrestricto apoyo a la política del gatillo fácil; la decisión adoptada no ha sido otra que luchar por la recuperación y ejercicio de los derechos que nos han arrebatado. El único método de supervivencia, ante el continuo genocidio del Estado chileno, ha sido la movilización. Es esta la que nos ha devuelto la dignidad como pueblo y nos ha permitido ejercer -de cierta forma- parte de estos derechos arrebatados, y por supuesto que también, nos ha permitido reconstruir el tejido social mapuche, desde una perspectiva política, social y cultural.

En un año electoral como este, nos encontraremos con candidatos/as que dicen respetar nuestra cultura, como también reconocer la llamada deuda histórica a los pueblos originarios, en particular al Pueblo Mapuche. Muchos hablaran del multiculturalismo, de la educación intercultural bilingüe, de la integración de los indígenas a la sociedad chilena y del repudio a la discriminación en razón del llamado origen étnico. Ese discurso multiculturalista no es más que una política creada y pensada por el capitalismo ante la fuerte movilización de los indígenas del mundo, en la que han preferido ceder y reconocer las diversas manifestaciones culturales; pero cuando los pueblos sometidos hablamos de reconocimiento y ejercicio de derechos políticos, el multiculturalismo se agota y no es más que otra política destinada a mermar la lucha reivindicativa de derechos. Una verdadera vía para solucionar los conflictos existentes no parte por la imposición de un diálogo con los contenidos y limites ya definidos por una de las partes.

Otro método que se ha implementado para frenar la movilización mapuche, es fomentar nuestra participación en la vía electoral, haciéndonos creer que ésta nos permitirá una verdadera participación política e incidencia efectiva en la toma de decisiones. Creemos que esta vía no es la correcta y mucho menos la efectiva que nos permitirá ejercer libremente nuestros derechos individuales y colectivos de carácter político, económicos, sociales y culturales; pues en la actualidad significa trabajar dentro de la institucionalidad del Estado, la misma que se despliega sin problemas para reprimir nuestras justas y legítimas demandas. Por otro lado, ser parte de aquellas autoridades que hoy crean las leyes en Chile, significa entrar al juego de la legitimación recíproca entre Estado y Derecho, pues reconocemos que las leyes, y el derecho en general, se crean con el objeto de legitimar la existencia del Estado, justificando que el Estado de Chile es un Estado de derecho y que la ley se aplica de igual forma a todos; cuando en la práctica, la leyes son creadas para proteger los intereses de los grandes monopolios económicos y avalar la acumulación de capital, tanto de chilenos como de extranjeros, los que día a día depredan nuestro territorio ancestral.

En el ámbito de las demandas planteadas por el Movimiento Mapuche, las que se creen como necesarias y básicas para empezar a generar un dialogo equitativo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche son la libertad inmediata de los Presos Políticos Mapuche, pues si se encarcela a un mapuche, se encarcela a todo un pueblo, criminalizando la protesta social mapuche, rebajándola a la simple delincuencia, y más grave aún, estigmatizándola con el calificativo del terrorismo.

En segundo lugar, está la restitución del Territorio Mapuche o Wallmapu. Los Mapuche, por definición estamos tan arraigados a la tierra, que no se condice nuestra existencia sin un territorio en el cual desarrollarnos y ejercer nuestra cultura. El negarnos el derecho al territorio significa negarnos el derecho a existir. Como mapuche ya decidimos negarnos a dejar de existir y la lucha mapuche se enfoca principalmente en permitir que las futuras generaciones tengan el espacio territorial en el cual vivir dignamente.

En tercer lugar, exigimos la desmilitarización de Wallmapu. Hablamos de militarización por el hecho de encontrase un gran número de contingente policial apostado diariamente tanto al interior como fuera de las comunidades, ejerciendo una represión que implica, no sólo los controles para el ingreso a las comunidades, sino también el hostigamiento a todo mapuche, desde niños a ancianos; la persecución y trabajo de inteligencia ejercida en nuestro territorio hace que la vida al interior de las comunidades deje de ser digna, pues constantemente se vulneran los derechos humanos de nuestro pueblo. El nivel y número de agentes policiales nos hace hablar hoy de militarización, pues se trata de una policía que realiza un trabajo militar en zona mapuche, constituyéndose como verdaderas fuerzas de ocupación en nuestro territorio.
En cuarto lugar exigimos juicio y castigo a los asesinos de nuestros Weichafe. La política del gatillo fácil ha cobrado la vida de un sinnúmero de mapuche, tanto en la dictadura como en democracia, pero han sido en este último período -en el que supuestamente se respetan los derechos humanos- que las fuerza represivas del Estado han tenido todo el apoyo de sus superiores a la hora de exterminar a nuestros Weichafe, disparándoles por la espalda, asesinándolos crudamente y sin tener castigo alguno por ello; al contrario, se les protege y se les asciende dentro de su institución, lo que en la práctica significa premiar a quien asesine a un mapuche.

En general, las legítimas y justas demandas del pueblo mapuche dicen relación con el derecho a ejercer libre y autónomamente nuestros derechos políticos, territoriales, económicos, sociales y culturales. Las ya mencionadas, son más a bien a modo de ejemplo, pues se han exigido con más fuerza en el último tiempo, ya sea por los mismos presos políticos mapuche o por las movilizaciones de las comunidades en resistencia.

Conjuntamente con estas demandas, que se alzan como bandera de lucha del pueblo mapuche, existen prácticas autonómicas a pesar de la opresión en la que nos encontramos. Las comunidades en resistencia han sabido conjugar el ejercicio de la autonomía frente al alto nivel de represión existente en sus territorios. Podemos señalar que en la actualidad existen diversas comunidades que llevan adelante procesos de recuperación territorial, pues ante la nula respuesta del Estado frente a la demanda territorial, han decidido ejercer simplemente su derecho al territorio, recuperando aquellas tierras que históricamente han pertenecido a las comunidades mapuche. La característica principal de la recuperación territorial es que se trata de una recuperación productiva, pues si se recupera el territorio usurpado es para trabajar la tierra y generar los recursos necesarios para llevar una vida digna y salir de la línea de la pobreza en la que se encuentran las comunidades mapuche, pobreza generada por la usurpación del territorio y recursos naturales por parte de latifundistas chilenos y extranjeros, empresas forestales y diversas transnacionales como hidroeléctricas y mineras, todos apoyados por el estado chileno.

Conjuntamente a lo anterior, otro ejercicio efectivo de nuestra autonomía es el control territorial que comunidades mapuche hoy realizan en sus territorios. Esta práctica autonómica dice relación con que la propia comunidad -como ente resolutivo colectivo- sea capaz de decidir sobre lo que se hace o no en el mismo territorio. Con esto se hace efectivo el ejercicio, a pequeña escala, del derecho a la libre determinación.

A modo de ejemplo podemos señalar que el día 14 de abril se realizó un palin (deporte ancestral mapuche) en la comunidad Wente Winkul Mapu, en el fundo Chiwaywe, que actualmente se encuentra en proceso de recuperación, el cual se hizo conjuntamente con la comunidad Rayen Mapu, también perteneciente al Lof Chekenco. Ambas comunidades se encuentran en proceso de recuperación territorial en el mismo sector y el palin tuvo por objeto dejar en claro que ambas comunidades seguirían en sus procesos de recuperación y resistencia, respetándose el proceso de cada una y apoyándose mutuamente. Además de dejar en claro al Estado, que las políticas de división de las comunidades ejercidas por ellos, mediante el dinero y las políticas asistencialistas de la CONADI, en ese sector no tuvieron acogida. Las comunidades dieron un claro ejemplo de cómo echar por la borda este tipo de artimañas creadas para desmovilizar la protesta social mapuche.

Por ultimo, señalar que con este tipo de prácticas autonómicas se está generando una nueva forma de hacer política mapuche, de actuar transparentemente conforme a nuestra sabiduría ancestral, de trabajar en forma autónoma y autogestionada; prácticas y saberes que se están traspasando a nuestros pichikeche (niños y niñas), quienes son el futuro de nuestro pueblo y más temprano que tarde serán las nuevas fuerzas que empujarán las demandas de libre determinación y autonomía, conjuntamente con exigir el respeto a los derechos del pueblo mapuche.

En el largo camino que queda por recorrer, es fundamental la solidaridad entre los pueblos oprimidos, quienes tenemos el mismo enemigo, el capitalismo. Enemigo muy fuerte, que para poder derribar será necesario aunar fuerzas, reconstruir el tejido social, tanto chileno como mapuche. En esa reconstrucción, son fundamentales los espacios de discusión, análisis y movilización, en el plano del respeto, pues sólo con ello podremos generar la confianza necesaria para lograr la unidad que nos hará aún más fuertes.

Como organización mapuche urbana, que realiza trabajo de base, sabemos de la importancia entre el nexo entre el trabajo del campo –comunidades mapuche- y la ciudad, pues entendemos que donde estemos, luchamos como un solo pueblo; pero además, entendemos que la solidaridad entre pueblo mapuche y chileno es importante a lo hora de frenar los abusos y exigir el respeto a nuestros derechos arrebatados por el capital y el Estado opresor.

La deuda del Estado de Chile con las Trabajadoras de Casa Particular

Ruth Olate
Las Trabajadoras de Casa Particular estamos expuestas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social, alto nivel de incumplimiento de las normas laborales y un menor reconocimiento legal de nuestros derechos laborales.


Por Ruth Olate, Presidenta de SINTRACAP


Con fecha 16 de junio del 2011, la Conferencia Internacional de Trabajo, reunida en Ginebra, adoptó el Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, número 189, el que contó con el voto favorable del Estado de Chile.
En Diciembre del mismo año -con 48 votos a favor y 2 abstenciones- la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Acuerdo 473, que solicita al Presidente de la República iniciar el proceso de ratificación parlamentaria del Convenio 189 de la OIT. Hasta la fecha el Gobierno no ha iniciado este proceso. Tampoco ha informado si tiene problemas para cumplir con la obligación prevista en el artículo 19 de la Carta de Constitución de la OIT : "cada uno de los miembros se obliga someter el convenio, en el plazo de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o cuando las circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al efecto de que den forma de la ley o adoptan otras medidas".

Nos preocupa el incumplimiento del Estado de Chile. Han transcurrido 22 meses desde que se comprometiera a ratificar este Convenio. Sin esta plataforma es muy difícil que el Gobierno de Chile se comprometa a avanzar en generar leyes y/o políticas que permitan mejorar nuestras condiciones laborales y de trato, como Trabajadoras de Casa Particular.

En Chile el 11,5% de las mujeres ocupadas, lo hace como Trabajadora de Casa Particular. Somos un total de 360.803 trabajadoras y trabajadores de casa particular (Fundación Sol, 2012)
Las Trabajadoras de Casa Particular estamos expuestas a extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social, alto nivel de incumplimiento de las normas laborales y un menor reconocimiento legal de nuestros derechos laborales.

De acuerdo a los datos de la Fundación Sol, un 27% de las Trabajadoras de Casa Particular que trabaja puertas afuera cuenta con empleo protegido, es decir, tiene al mismo tiempo un contrato indefinido, liquidación de sueldo, cotizaciones previsionales y de salud, y seguro de cesantía. En el caso de las Trabajadoras de Casa Particular puertas adentro, es de un 68,9%.
El Convenio 189 de la OIT obliga a los Estados que lo ratifican a respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Además, les exige garantizar una jornada de trabajo para los y las trabajadoras de casa particular, en igualdad de condiciones que las y los trabajadores en general, y descansos para vivir una vida digna y familiar.
Actualmente existe un proyecto de Ley en el Senado que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular. La elaboración del Proyecto contó con la participación de las Trabajadoras de Casa Particular organizadas, el acompañamiento del Observatorio de Género y Equidad y la mediación de la OIT. Este Proyecto está con urgencia simple y cuenta con la voluntad política de las y los senadores de la Comisión de Trabajo de ser discutido.

Las Trabajadoras de Casa Particular estamos demandando que el Proyecto recoja al menos tres puntos: Igualación de Jornada para todas las TCP (sean puertas adentro o puertas afuera) de manera inmediata y no progresiva. Especificación del tipo de funciones y lugar donde se desarrolle su trabajo quedando por escrito en el contrato, como también los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de los deberes laborales de las y los empleadores. Si bien existe la voluntad de 3 senadores/as de incorporar estos tres puntos, todos deben ser patrocinados por el ejecutivo que no tiene disposición a patrocinar nada.

En un año electoral, es fundamental el compromiso de la/os candidatos presidenciales. Ratificar el Convenio 189 de la OIT, se constituye en una promesa importante para nuestro sector, porque es fundamental mejorar nuestras condiciones laborales y de trato.



sábado, 20 de abril de 2013

REPUDIO INTERNACIONAL A LA ANULACIÓN DEL JUICIO X GENOCIDIO EN GUATEMALA

PARA SUMAR ADHESIONES

Lea: Juicio Por Genocidio En Guatemala: Mujeres En Busca De La Verdad

Los abajo firmantes expresamos nuestro más profundo repudio a la medida de la jueza Carol Patricia Flores, del Juzgado A de Mayor Riesgo de Guatemala, que dejó en el día de la fecha sin efecto las audiencias del juicio contra los genocidas Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

El juicio se inició el 19 de marzo pasado y los imputados fueron acusados por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983, por su responsabilidad en las matanzas de comunidades de Quiché entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era presidente de facto y Rodríguez, jefe de Inteligencia del Ejército. En esa región han sido documentados los asesinatos de 1771 pobladores de la etnia maya Ixil, en su mayoría mujeres y niños. Las acusaciones están a cargo del Ministerio Público Fiscal y las querellas representadas por la Asociación para la Justicia y la Reconciliación y por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos.
Se realizaron hasta la fecha cerca de 20 audiencias en las que declararon decenas de sobrevivientes, familiares y peritos como testigos, denunciando las prácticas genocidas y violaciones a los derechos humanos que se implementaron en ese país y reprimieron al pueblo guatemalteco durante décadas.
La anulación de las audiencias significa un golpe más para quienes hace décadas claman por justicia pero sobre todo parece tirar sal en las heridas de aquellos que testimoniaron en este proceso y revivieron el horror pero no pudieron sentir ni un poquito de justicia.

Ese genocidio generó las bases de la actual impunidad y profundizó la explotación y el expolio que sufre ese pueblo hasta el día de hoy.
DECIMOS BASTA DE IMPUNIDAD!
EXIGIMOS JUSTICIA!
NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO GUATEMALTECO!
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

Asociación de Ex –Detenidos Desaparecidos

Adhesiones: aedd@exdesaparecidos.org.ar

jueves, 18 de abril de 2013

Exigimos una investigación exhaustiva y justicia para Jenny Ramos!

Santiago, 16 de abril de 2013.


DECLARACION PUBLICA

Exigimos una investigación exhaustiva y justicia para Jenny Ramos!



La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres expresa profundo pesar por la muerte de Jenny Ramos, residente colombiana en Chile, y manifiesta serias dudas sobre las circunstancias en que cayó del octavo piso de un edificio en la comuna de Providencia. 

Una primera duda es ¿por qué arrancaba Jenny desde su propio departamento, pidiendo auxilio tras una discusión con un cliente, de acuerdo a la información de testigos?. Esta situación arroja una segunda duda ¿por qué arrancaba hacia el balcón y no hacia la puerta de su departamento cuando Roberto Zawadsky se encontraba, según su propia versión, escondido en el baño?.

Llama la atención que se le otorgue al cliente la categoría de testigo, en circunstancia que todos los antecedentes con que se cuenta son confusos y al menos dan para identificarlo como sospechoso.

La única persona que estaba con Jenny en el momento en que ella arrancaba, está libre y visto como una víctima asustada del descontrol de una prostituta. El cliente dijo que ella estaba descontrolada en cuanto él llegó al lugar, pero en vez de retirarse, entró al departamento de Jenny y luego se escondió en el baño. No ha existido investigación aún; no se han analizado las cámaras de seguridad; no se han interrogado a todos los testigos; no se ha informado el peritaje; no ha habido reconstitución de escena, pero ya tenemos a un Fiscal declarando públicamente que Jenny Ramos cayó sola. Todo Chile tiene dudas razonables sobre lo sucedido, ya que sin mediar una investigación seria y acabada, el fiscal emite su Juicio.

¿Quién es Roberto Zawadzky para gozar de tantas garantías y protección antes que se investiguen los hechos?

Mientras al cliente y sospechoso de su muerte se le encubre y protege, los medios destacan en sus titulares que Jenny Ramos era “prostituta” y “colombiana”, es decir, ¿ejercer trabajo sexual conlleva el riesgo laboral de perder la vida? y ¿ser inmigrante significa tener menos derechos y menor valor su vida?. 

La desigualdad en el trato de los medios y policías se vuelca contra la víctima con las estigmatizaciones que sobre ella recaen: ser mujer,  inmigrante y trabajadora sexual. Una vez más se reafirma que las instituciones refuerzan, con sus mensajes y procedimientos machistas y misóginos, la violencia contra las mujeres.  

Repudiamos como se ha tratado la muerte la Jenny Ramos, y exigimos una investigación exhaustiva, sin prejuicios machistas y xenofóbicos. Exigimos justicia para Jenny.

¡CUIDADO, EL MACHISMO MATA!
RED CHILENA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES